Alberto planea utilizar una ley que vetó Macri para aumentar las tarifas
Fue sancionada en 2018 con respaldo de los ahora integrantes del Frente de Todos. Impide una suba superior a la de los salarios, suficiente para que vuelvan a aumentar.
El 31 de mayo de 2018 Mauricio Macri se dedicó al Congreso: desde la Casa Rosada llamó a senadores de partidos provinciales y a gobernadores para frustrar una ley que indexaba el aumento de tarifas reguladas por la Nación a la variación de los salarios.
Estuvo cerca de conseguirlo, pero no pudo. Logró que el gobernador de San Juan Sergio Uñac le regalara el voto de Cristina López Valverde y Adolfo Rodríguez Saá se volviera a San Luis. Pero le fallaron los neuquinos Lucila Crexell y Guillermo Pereyra, que eran de votar con el Gobierno. A la mañana siguiente, el entonces presidente vetó la ley y pagó el costo político.
El proceso que había llevado a su sanción fue la génesis del Frente de Todos. Surgió de un acuerdo entre los diputados vinculados a los gobernadores (como el actual mandatario de La Pampa Sergio Ziliotto) el kirchnerismo y Sergio Massa, capaces de conseguir una mayoría en la Cámara baja que rara vez usaban. Los únicos rebeldes del primer grupo fueron los cordobeses leales a Juan Schiaretti, muy leal a Macri en aquellos días.
En el Senado el dictamen llegó tras una tensa reunión de comisión, en la que el cordobés Carlos Caserio fue a buscar a su despacho a Rodolfo Urtubey, hermano del entonces gobernador de Salta, pero no lo pudo hacer votar. Caserio aclaró en la sesión que Schiaretti nunca le había dado órdenes. Y era verdad: al año siguiente se sumó al Frente de Todos sin pedirle permiso.
Vetar esa ley fue uno de los golpes cruciales que tuvo Macri, que ya había perdido capital electoral por los tarifazos del inicio de su gestión y de ese modo confirmaba que no serían los últimos.
Recién en las últimas semanas, Alberto Fernández conoció en detalle esa historia y la entendió como un tesoro para destrabar la negociación con el FMI, porque el antecedente le permite justificar ante el kirchnerismo una suba de tarifas muy por encima del 20% anunciado.
En la Rosada aseguran que no tienen en carpeta nuevos tarifazos, pese a que el presidente se quiere asegurar la herramienta administrativa y política para disponerlos. Prometen que el 10% de los usuarios con mayor poder adquisitivo no tendrán subsidios, el resto sólo sufrirá un aumento del 20% y el CVS funcionará como un techo para futuros incrementos que por ahora no están en carpeta. Por ahora.
La vetada ley se basaba en un fallo de la Corte que obligaba al Gobierno a garantizar tarifas “justas y razonables”. Agrupaba a los servicios regulados por la Nación como el gas, la luz y el agua del área metropolitana y la distribución mayorista de energía, que pasa por las manos de los órganos reguladores a cargo del presidente. También se incluye al gas licuado que es vende en garrafa.
Alberto no precisó si iba a reeditar un proyecto de ley con ese texto, lo iba a convertir en decreto o simplemente iba a usar sus parámetros para autorizar incrementos. Tiene los tres caminos abiertos.
De hecho, la fallida norma incorpora otros conceptos que no se aclaró si serán tenidos en cuenta, como el de una protección extra a Pymes y Mipymes. Sólo permite para esos casos aumentos graduales, “sustentables y que no excedan el Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por Indec”.
Además, se solicita tener en cuenta condiciones climáticas para definir aumentos, un reclamo que se cumplió parcialmente con la ley que amplió las zonas frías que pagan menos gas, promovida por el titular de la Enargas Federico Bernal, que no pudo aplicarse en el invierno porque Martín Guzmán pisó la reglamentación. Los legisladores de regiones cálidas piden una igual que rebaje la luz y ya hay proyectos presentados del oficialismo y la oposición.
Otro parámetro incluído en la vetada ley de tarifas es una protección extra en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y una tarifa social con el doble de subsidios a un grupo de beneficiarios, como quienes no perciben más de 3 salarios mínimos, jubilados, pensionados y cooperativistas.
Además, se le otorgaba al Congreso un mayor poder de contralor para supervisar las inversiones de las empresas con mayor detalle en la bicameral de seguimiento de privatizaciones, que rara vez se reúne.
Pero el artículo 2 es el que el presidente adoptó como una medida de su gobierno. Establece con claridad que los aumentos de las tarifas de luz, gas y agua no pueden exceder el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Sí pueden alcanzarlo. Siempre.
