Diputados: proyecto para cambiar el Código Penal sobre la usurpación de tierras
Fue presentado por legisladores del interbloque Provincias Unidas.
Por Omar Millalonco
La Cámara de Diputados de la Nación recibió en los últimos días un proyecto que apunta a modificar los artículos 23 y 181, del Código Penal para «fijar penas más duras» y no avalar «este tipo de delitos«, detalla el documento presentado por dos diputados nacionales que forman parte de bloques opositores.
El presidente del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo, y el legislador rionegrino Agustín Domingo coincidieron en una postura unificada sobre el tema de la toma de tierras y presentaron una propuesta legislativa que entienden podría acercar una solución.
A través de esta normativa, los legisladores pretenden reformar los artículos 23 y 181 del Código Penal, con la idea de «fijar penas más duras, celeridad en los procesos de restitución y una solución de fondo a este delito» y de esta forma brindar «una solución de fondo y un acompañamiento efectivo a los propietarios de inmuebles afectados por las tomas y usurpaciones«.
Di Giacomo destacó la labor en la que vienen trabajando desde el Congreso de la Nación desde hace unos meses, y manifestó que es necesario dar el debate sobre el tema. De todos modos, aclaró que desde los equipos que vienen tratando el tema, saben lo difícil que es comprarse una vivienda.
«Entendemos la dificultad del acceso a los inmuebles, pero de ninguna manera podemos avalar un delito, sobre todo en casos donde grupos violentos se benefician de manera sistemática y dejan a los propietarios sometidos a desgastantes litigios» explicó el parlamentario.
«Proponemos la modificación del art. 23 para permitir al Juez la capacidad de disponer el inmediato reintegro de los bienes afectados en los casos donde se presenten posibles demoras«, detalló el titular de Provincias Unidas, y completó: «En el artículo 181 fijamos dos agravantes, como lo es el número de personas partícipes en la usurpación y la alegación injustificada de un ‘derecho tradicional’ para fundamentar su cometido. La pena mínima se establece en 4 años de prisión«.
Asimismo, el titular del interbloque, argumentó: «Claro que existe una necesidad de dar una solución al acceso a tierras, siendo el Estado el que debe garantizarlo. Pero no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente«.
Para finalizar, su par Agustín Domingo dijo que, en el caso de que este proyecto se convierta en ley, «quien sufre el despojo del fruto de su esfuerzo sabrá que puede contar con la justicia, como ahora no sucede«, y ratificó que, en el marco de los cambios que vienen proponiendo, apuntan exclusivamente a «garantizar el derecho de propiedad«.
