La Corte Suprema confirmó la condena por corrupción de Sergio Salgado: recibirá una pena de 5 años

Así lo determinó el máximo tribunal de la Nación, luego de que Sergio Salgado, exjefe comunal de Santa Rosa, presentara una serie de cuestionamientos sobre su situación judicial.

La Corte Suprema de la Nación ratificó este martes la condena a 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos al exintendente peronista de Santa RosaSergio Salgado, tras haber sido juzgado fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, concusión, desobediencia y concusión. Actualmente se encuentra en libertad ya que el fallo -hasta este martes- no estaba firme. Tras este duro revés podría ser trasladado a la cárcel.

El exjefe comunal fue condenado en 2018 por Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza, pero presentó una serie de apelaciones a la Justicia, las cuales fueron rechazadas por unanimidad por lo jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los mismos desestimaron los planteos de la defensa “por incumplimientos de los recaudos establecidos en el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación de aquél (Acordada CSJN 4/2007)”.

La Justicia también condenó a Marcial Gustavo Ibarra a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública, por ser partícipe necesario del delito de concusión. Ibarra era quien controlaba la recaudación del estacionamiento de vehículos.

Los detalles de los delitos que cargan sobre la espalda de Salgado

  • Concusión: en el marco de la feria provincial La Salada, Salgado exigía a quienes iban a comprar allí una contribución en carácter de estacionamiento para los vehículos ($10), recaudación controlada por Ibarra y luego destinada a una caja que era llevada al domicilio de Salgado o a la sede de la intendencia, para su posterior reparto.
  • Desobediencia: no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado, tendiente a obtener información sobre un proceso licitatorio.
  • Malversación de caudales públicos: Relativo a un depósito de $1.000.000 destinados a una finalidad diferente a la que tenía.
  • Fraude a la administración pública: relacionado a una serie de facturas irregulares para la provisión de combustible y al libramiento de cheques para su pago.

El exintendente estuvo tras las rejas de forma preventiva antes de la sentencia, pero obtuvo su libertad en el año 2016, luego de permanecer detenido 6 meses por emitir cheques sin fondo.

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