La preocupación por el aumento de la inflación lleva al Gobierno a enfocarse más en las consecuencias más que en las causas macroeconómicas que la generan.
Hace pocos días, durante las sesiones extraordinarias del Senado, se aprobó lo que se ha dado en llamar Ley de Góndolas. Los impulsores del proyecto sostienen que, la intención de la ley, es lograr una equitativa exhibición de productos y evitar las posiciones dominantes de productos en grandes supermercados. En consecuencia, la ley, en sus puntos centrales, dispone un 30% de tope en el espacio de exhibición disponible por marca y no menos de cinco proveedores de un mismo producto por góndola. Asimismo, en las islas de exhibición y espacios próximos a las cajas de pago, resuelve que debe existir un espacio no menor al 50% que esté destinado a exponer productos elaborados por pymes.
Mientras se debaten otras ideas respecto de cuál es el mejor sistema para garantizar “el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo”, debemos tener muy en claro que la democracia requiere de permanente vigilancia para mantener el poder en brete y preservar las autonomía individuales. Por consiguiente, para que los gobiernos hagan el menor daño posible y su radio de acción esté acotada a sus funciones específicas; los marcos institucionales y los límites al poder, resultan absolutamente indispensables.