Vendedor de droga, nuevo sujeto social: el inédito programa de “intervención del mercado de drogas”
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha el programa a fines del año pasado con el objetivo principal de erradicar la comercialización abierta en barrios populares, especialmente de pasta base.
La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se replantea el enfoque de la lucha contra el narcotráfico. Con la mira puesta en el “mercado de las drogas”, el Ministerio Público Fiscal porteño desarrolló un plan experimental para combatir el negocio del narcomenudeo en los barrios populares de la Capital menos con la idea de encarcelar vendedores de poca monta que de liberar el territorio y a sus habitantes de la distribución de estas sustancias.
El proyecto, que comenzó a fines del año pasado con un trabajo de infiltración, detección y detención de vendedores de pasta base en el barrio Ciudad Oculta se llama Programa de Intervención en el Mercado de Drogas (IMD) y tiene como objetivo principal erradicar los mercados abiertos de venta en barrios populares, reducir la violencia y recuperar espacios públicos tomados actualmente por estos mercaderes.
En el Ministerio Público Fiscal están convencidos de que es una política innovadora cuyo eje central es la disuasión a los “transas” sin antecedentes que venden en las casas, las plazas y las calles de los barrios populares con el fin de eliminar esos búnkeres y reducir los principales daños colaterales asociados a la venta ostensible de sustancias.
Las autoridades hablan de “disuasión focalizada”, un modelo inspirado en experiencias exitosas llevadas a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos y recientemente en el barrio Las Condes, en Santiago de Chile. Este sistema diferencia los roles dentro del narcomenudeo.
Favorece la persecución penal de los “actores clave” de la organización -los jefes, los que tienen antecedentes, los que están prófugos o son violentos- y contempla un tratamiento especial, diferencial, para los vendedores sin prontuario o para familias que encuentran una salida laboral en un contexto de necesidad.
Los vendedores cuyas conductas son calificadas como moderadas o leves son seleccionados para la intervención. Se les abre una investigación pero queda en suspenso. Así fue en el caso de Ciudad Oculta. El 6 de diciembre las autoridades del MPF convocaron a los imputados a una reunión en los Bomberos del barrio donde se les comunicó de manera clara y contundente que deben terminar de una vez y para siempre con la venta de drogas y se les advirtió que las consecuencias de no hacerlo son las penas de prisión efectiva que la ley establece y que van de cuatro a 15 años de encierro.
Los vendedores imputados no son arrestados en ningún momento. Se enteran de que están implicados en los casos de investigación por una carta, donde se les comunica que las autoridades están al tanto de su actividad ilegal y que tienen pruebas para iniciar una persecución penal. Entonces se los invita a la reunión y se les garantiza que no serán arrestados. Pero que si no asisten, sí podrán ser detenidos.
Después de eso, el trabajo consiste en hacer un seguimiento de los implicados para controlar que no reincidan en el negocio de las drogas y se aumenta de manera visible la presencia policial en el barrio. A quienes se encuentra de nuevo dentro del mercado de venta se les inicia un proceso penal y se activa un castigo efectivo. Además, se abre una línea privada y confidencial de WhatsApp para que los vecinos puedan denunciar si ven que la actividad de la venta de drogas en el barrio se reactiva.
“Además se implementan programas sociales para ayudar a los vendedores que han decidido abandonar la venta de drogas”, aclaró una fuente del Ministerio Público, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y agregó: “Hay numerosos estudios empíricos, cuantitativos y cualitativos, que han verificado que los programas IMD son efectivos para erradicar el mercado abierto de drogas y reducir la criminalidad en el área de intervención, además de mejorar la relación entre los agentes policiales y los miembros de la comunidad. En nuestro modelo, el argentino, la idea es reducir el acceso al paco todo lo que se pueda. Cuanto más lejos de las casas de los vecinos del barrio, mejor”.
