Atentado a la AMIA: exigieron la renuncia de Eduardo Casal
Reclamó también para que se lleve a juicio político al fiscal a cargo de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, tras la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que el Estado argentino reconoció que es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en el ataque del 18 de julio de 1994.
Después de que la Unidad Fiscal para la Investigación de la causa AMIA (UFI-AMIA) se convirtiera en el eje de las críticas de las víctimas, el Estado nacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las audiencias que se realizaron la semana pasada en Montevideo, pidieron la renuncia del procurador interino Eduardo Casal y que se someta a jury al fiscal a cargo de la repartición, Sebastián Basso.
La presentación fue hecha en la mañana de este lunes por el abogado Alejandro Rúa, ex titular de la Unidad Especial de Investigación del atentado de la AMIA (UEI-AMIA), el organismo del Poder Ejecutivo a cargo de colaborar con la pesquisa. En su escrito Rúa reclama que Casal deje su cargo como titular interino de la Procuración por ser responsable de la designación y mantener en el cargo pese a las denuncias de las víctimas al fiscal Basso. Según Rúa, hay gravedad institucional en la conducta de Casal.
El pedido de Rúa es el primer impacto tras las audiencias del jueves y viernes pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la investigación fallida del atentado del 18 de julio de 1994. En 1999, Memoria Activa había hecho una denuncia contra el Estado argentino por no haber prevenido ni investigado el ataque. En 2005, se llegó a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno de Néstor Kirchner. Sin embargo, ante la impunidad y la falta de verdad, Memoria Activa pidió que la Corte-IDH condene al Estado argentino.
La representación estatal –encabezada por la actual titular de la UEI-AMIA, Natalia D’Alessandro– reconoció el viernes que Argentina es responsable por todas las manifestaciones de impunidad de la causa AMIA. La funcionaria apuntó a la fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal –a cargo de Raúl Pleé– por no haber sostenido los recursos contra la absolución parcial de los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia.
La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reclamó cambios en la fiscalía a cargo de la investigación del atentado. “Es urgente que el Estado revise la integración de la UFI-AMIA a fin de garantizar que cuente con los recursos técnicos y humanos que, al tiempo de ofrecer confianza a las víctimas, logre subsanar las irregularidades y darle un impulso auténtico a la investigación”, sostuvo en su alegato del viernes último. La posición de la CIDH sorprendió a todos en la audiencia por su contundencia.
En febrero de 2020, Memoria Activa le había pedido a Casal la remoción de Basso porque es sobrino de la excamarista Luisa Riva Aramayo, que jugó un rol importante en el desvío de la investigación. La “Piru” Aramayo visitaba a Carlos Telleldín mientras estaba preso y fue parte del armado que incluyó un pago de 400.000 dólares –hecho con fondos reservados de la entonces SIDE– al reducidor de autos para implicar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado.
El viernes pasado, el presidente de la Corte-IDH, Ricardo Pérez Manrique, le pidió al Estado argentino que no espere a la condena –que podría conocerse en un plazo de tres meses aproximadamente– para empezar a generar hechos concretos. Designar a un procurador titular es una de las deudas del gobierno de Alberto Fernández, ya que el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios del Senado necesarios para su nombramiento. Esta situación fue determinante para que Casal permanezca en el puesto que está vacante desde que Gils Carbó fue forzada a renunciar por el gobierno de Cambiemos.
