Cristina Fernández solicitó ser querellante en la causa por el atentado al Congreso

Los incidentes se tramitan en dos jurisdicciones diferentes.

Por Gastón Dufour

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ya había solicitado la semana anterior a la Justicia porteña el traslado de las causas derivadas de los hechos sucedidos el jueves 10 de marzo, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, cuyo fin era tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa.

Según la vicepresidenta Cristina Fernández los ataques habrían sido orquestados, señalando sin decirlo abiertamente, a la fractura dentro de la coalición gobernante. Queda de manifiesto que los tribunales porteños se ocuparon solamente de los incidentes ocurridos puertas afuera del Congreso, los que claramente corresponden a su jurisdicción. 

A través de Graciana Peñafort, Directora General de Asuntos Jurídicos en el ámbito de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la Vicepresidenta señala que el ataque pudo ser intencionado y pide ser querellante en la causa, ya que sostiene que las piedras lanzadas por los manifestantes de manera incesante tuvieron como objetivo atentar contra el sector en que se encuentra su despacho personal. 

«Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la Senadora Anabel Fernández Sagasti , el Senador Oscar Parrilli y el Diputado Máximo Kirchner entre otros colaboradores«, se indica en la presentación. 

Y según amplía en el escrito «los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21 hs aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional«.

Todo esto remite a las acciones violentas facilitadas por la falta de vallado frente al Congreso Nacional por pedido expreso del gobierno que la Vicepresidenta integra, según indicó el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmación que fue desmentida por el Senado.

Por otro lado, no sería la primera oportunidad en que el kirchnerismo pone el foco sobre integrantes de organizaciones sociales (luego de la suspensión del beneficio del plan Potenciar Trabajo a uno de los detenidos, decisión difundida en sus redes sociales por el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta), ya que en 2011 propició la modificación de la polémica Ley antiterrorista que habilitaba, indirectamente, la investigación y seguimiento a militantes políticos. 

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