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Cristina Kirchner declara que su patrimonio es de $ 3,7 millones, por debajo de la mayoría de los miembros del Gabinete

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La cifra representa un aumento de $ 800.000 respecto del 2018. Ya presentaron su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción 15 de los ministros. Aún no lo hizo el Presidente, aunque lo había hecho como candidato.

Cristina Kirchner informó ante la Oficina Anticorrupción (OA) un patrimonio de $3,7 millones, según consta en su declaración jurada “inicial” al asumir en su cargo como vicepresidenta el 10 de diciembre pasado. Esta declaración es la que deben presentar los funcionarios al ingresar al Poder Ejecutivo, y en la que deben declarar sus bienes -inmuebles, autos, depósitos bancarios, dinero, acciones y/o títulos públicos- al ingresar a la función pública, para permitir luego un control posterior anual por parte de la OA, ante un posible enriquecimiento ilícito. El plazo vencía hoy, a 30 días hábiles de la llegada de Alberto Fernández al Gobierno.

El monto declarado por la actual vicepresidenta representa un aumento de $ 803.000 respecto de su última declaración jurada disponible como senadora, correspondiente al 2018, cuando informó un bienes depósitos y dinero por $2,9 millones.

Lo más llamativo de la declaración es que de los $ 3,7 millones de patrimonio declarado, $ 2,6 millones corresponden a “créditos” que informa con la AFIP en concepto de “Retenciones Ganancias 2019 y saldo a favor Gan y Bs Ps 2018”. Un contador habló sobre esta descripción, quien explicó que el monto -tal como está consignado- se refiere a dos orígenes: el saldo a favor de la declaración jurada del 2018 presentada ante la AFIP -que se puede usar para cancelar otros impuestos- y el anticipo fijado por la ley de Ganancias y/o Bienes Personales del 2019, que se deben pagar en 2020.

En el caso de Cristina Kirchner, no tiene ni propiedades, ni acciones empresarias -ni de Hotesur, la dueña del Hotel Alto Calafate, ni de la inmobiliaria Los Sauces-, ya que donó todos sus bienes a sus hijos en 2016. Ambas empresas familiares están intervenidas por la Justicia, ya que sus manejos derivaron en el procesamiento de la ex mandataria, de Máximo y su hermana Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero. Ambas causas aguardan fecha de inicio del juicio oral. Por las investigaciones judiciales que enfrenta, la vicepresidenta tiene actualmente embargos por más de $12.000 millones.

Si bien no tiene ya inmuebles, vehículos, participaciones accionarias u otras rentas sobre los que pagar impuestos, sí debe pagar las retenciones fijadas por ley en el Impuesto a las Ganancias por sus ingresos. Pese a que la ex mandataria es senadora, no cobra su sueldo del Poder Legislativo, sino que venía cobrando desde la muerte de Néstor Kirchner en 2010, la pensión vitalicia como viuda de un ex presidente. Luego, tras dejar la Casa Rosada en diciembre de 2015, sumó su pensión como ex jefa de Estado durante ocho años. Sin embargo, en junio del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri estableció por decreto que debía optar por una de las dos pensiones, ante un reclamo de la ex jefa de Estado para cobrar las dos.

En su declaración de “alta” en el Ejecutivo tras la llegada de Fernández a la Casa Rosada, Cristina Kirchner no informó sus ingresos anuales del 2019, ya que en esa presentación solo debe consignar el detalle del patrimonio total al momento de acceder a la función pública en el Ejecutivo, sin detallar sueldo y gastos, por ejemplo. En su declaración jurada de 2018 -la última disponible- declaró ingresos anuales de cuarta categoría -sobre los que debe pagar Ganancias- por $ 1,6 millones, cifra que -descontadas las deducciones- le dejaron ingresos mensuales por unos $ 358.000 en mano.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada en 2003, la pareja declaró un patrimonio de $6.851.810. Las declaraciones patrimoniales del matrimonio Kirchner fueron objeto de varias denuncias y procesos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito, que fueron cerrados en tres oportunidades. Pero actualmente hay en el Juzgado Federal Nº 5 un pedido de reapertura luego de que el ex juez Norberto Oyarbide admitiera que había sido “presionado” para cerrar una de esas causas – la referida al aumento patrimonial del 158% del matrimonio en 2008- en tiempo exprés.

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