Ley de alquileres: de qué se tratan las modificaciones que se discuten en el Congreso
Un tema candente en el que se busca conciliar las posturas de las partes implicadas: inmobiliarias, propietarios e inquilinos.
Por Rebecca Arakelman
En la Cámara de Diputados de la Nación avanzan las reuniones con inquilinos, propietarios e inmobiliarios con el objetivo de discutir cambios y modificaciones en torno a la Ley de Alquileres.
Según explicó la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, la idea es trabajar en estos 30 días hábiles que se fijaron para intentar conseguir un acuerdo «sobre una ley que muchos de nosotros acompañamos y que de hecho derivó en requerimientos muy importante tanto de los inquilinos como de los propietarios, que no podemos dejar de atender y de escuchar«.
En la misma línea, Marcela Passo, también del FdT, adelantó que el principal desafío que se plantea «quienes tenemos el apego por el interior» es hacer sentir la voz en aquellos lugares donde se toman decisiones, ya que no es lo mismo lo que ocurre en las grandes ciudades, que lo que ocurre en otros distritos.
«No queremos que prevalezca ningún proyecto por sobre otro, ni la idea de ningún legislador o legisladora, sino que la importancia está en poder darle la voz a los sectores y de esta manera encontrar un camino común de soluciones«, precisó la legisladora.
Qué cambios piden las inmobiliarias
A través de un comunicado firmado por Emilio Caravaca Pazos, presidente de Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA); Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA); Fabián Acerbo, líder del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI) y Marta Liotto, titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), aseguraron que buscan encontrar «un camino consensuado, que facilite el acceso a la vivienda de la familia argentina dentro del orden y la legalidad«.
Además, alertaron sobre el «desacierto que podría implicar la sola mención de establecer un impuesto a la denominada ‘vivienda ociosa’ o ‘un tope al valor del canon locativo’, que en nada contribuirá a incrementar la cantidad de inmuebles ofrecidos en alquiler, sino todo lo contrario«.
También subrayaron que es «lamentable que el sector privado, en especial en las provincias, construya poco para el mercado de alquileres» y resaltaron que lo que «se construye, dista mucho de considerarse una vivienda social o familiar«.
Según lo que consideran, la aplicación de la denominada Ley de Alquileres, en vigencia desde julio de 2020, no promovió ninguna «solución a la crisis habitacional” más allá de que reconocen «algunos acertados y clarificadores puntos de la normativa«.
Sin embargo, remarcaron que hay dos artículos que suscitaron «mayor conflicto y desconfianza» y que deben ser «abordados con marcada urgencia«: el cambio en el plazo mínimo de duración de los contratos, que piden que vuelva a ser de 2 años; y la actualización del canon locativo.
Sobre esto último, sugieren la «libertad contractual para las partes, en la determinación del sistema de actualización y en su periodicidad«.
«La derogación o modificación de la Ley de Alquileres no será una solución automática, única ni suficiente para el mercado locativo habitacional del país, sino que resulta necesario aumentar la oferta locativa a través del fomento de la construcción, remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas para ser destinadas al mercado de alquileres de vivienda» y le solicitan al Gobierno Nacional facilidades para que los argentinos puedan «acceder a la compra de la vivienda propia mediante créditos blandos y se impulse la inversión de aquellos tenedores de recursos o ahorros«, concluye el comunicado.
Qué dicen desde «Inquilinos Agrupados»
Desde Inquilinos Agrupados insisten en que falta control del Estado, mientras las inmobiliarias reclaman reducir el plazo de los contratos y abandonar el esquema de actualización de precios anual.
En la Argentina hay entre 7,5 y 9 millones de inquilinos que, por diversos motivos, están obligados a alquilar para tener un techo y quedan presos de las exigencias del sector.
En esta línea, el presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, destacó el proyecto de ley impulsado por Gisela Marziotta. El mismo tiene como objetivo la creación de una Cámara Nacional de Alquileres para contener la suba de precios y fijar topes máximos para los contratos.
«La Cámara se consolidaría como el organismo más importante para la política de alquileres, tendrá funciones urgentes, como medir precios«, puntualizó.
«Nosotros creemos que el precio de los alquileres debe ser decidido por el Estado. Era completamente natural hasta la dictadura de Videla. Hoy el Estado fija precios de salud, tarifas, nafta y commodities, pero no de los alquileres«, explicó Muñoz.
Además, aseguró que la Cámara también tendría diferentes funciones que son urgentes, como medir los precios, elaborar informes, llevar adelante todas las políticas que tengan que ver con el alquiler de vivienda.
